No Más Muertes es una de dieciocho organizaciones firmantes de esta declaración.
Recientemente el senado de los Estados Unidos no aprobó un proyecto de ley de asignaciones de seguridad fronteriza, al mismo tiempo que la cámara de representantes suspendió la sesión durante agosto sin dar respuesta viable a la petición de la administración del presidente Obama para un fondo de emergencia para abordar la cuestión de los niños refugiados que huyen de la violencia y la pobreza en Centroamérica.
Como comunidades en Arizona que han sido testigos de los perjudiciales efectos de veinte años de militarización y de una política de inmigración que se enfoca a la seguridad, ha sido alarmante e inconcebible que la administración de Obama y los congresistas de ambos partidos hayan usado la crisis de los niños vulnerables para abogar por una mayor vigilancia a lo largo de la frontera; por la militarización de los países desde donde estos niños están huyendo; y por una deportación más acelerada, desmantelando amparos que garanticen el debido proceso. Estas acciones dieron pie a exacerbar una situación ya trágica, empujando a más niños a arriesgar sus vidas; envalentonando a las agencias de Seguridad Nacional y a las compañías privadas de prisiones que han establecido records de abuso; y disminuyendo el debido proceso y las protecciones humanitarias a las que los niños tienen derecho bajo leyes internacionales y de los Estados Unidos.
Nosotros como país debemos encontrar mejores alternativas. Como representantes de las comunidades de la frontera de los Estados Unidos que han sido testigos de esta crisis, deseamos afirmar nuestro compromiso con los derechos humanos, y exigir que cualquiera asignación o reforma política tenga como prioridad el bienestar y el debido proceso otorgados a aquellos individuos vulnerables que llegan a nuestro país buscando protección. Estas acciones deben aumentar la responsabilidad y transparencia de los organismos policiales que tienen la tarea de hacer cumplir las leyes de inmigración, particularmente Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Además, deben abordar la violencia generalizada y estructural que afecta a los pobres de Centroamérica, mostrando las condiciones económicas que provocan esta violencia, a la misma vez que hacer responsables a estos países por los abusos de derechos humanos. El congreso y la administración deben comenzar por:
- Asegurar que a todos los menores no acompañados con un caso ante la corte de inmigración, se les provea consejería legal;
- Dirigir las asignaciones al Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) en lugar de Aduanas y Protección Fronteriza a fin de asegurar que estas agencias transfieran a los niños dentro de 72 horas desde la custodia de la Patrulla Fronteriza a las instalaciones de HHS como lo requiere la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas de Trata de Personas del 2008;
- Anular planes para expandir la detención de familias para niños vulnerables y sus madres;
- Revocar la Sección 302 (disposición para la deportación acelerada) de la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante del 1996, para asegurar que la solicitud de asilo sea adjudicada por un juez calificado en lugar de un agente de CBP;
- Crear un órgano de supervisión independiente y transparente para revisar las prácticas de CBP y para investigar alegaciones de abuso;
- Adjudicar tiempo y consejería antes de que los procedimientos judiciales comiencen para que los niños traumatizados tengan acceso a los cuidados necesarios; y
- Mientras que el congreso no actúa, desviar fondos para manejar esta crisis de los presupuestos de los organismos de seguridad, no de fondos destinados para proteger a otros grupos de refugiados.
Los niños y sus familias no deben ser usados como una excusa para militarizar aun más nuestras comunidades de la frontera sur. Pedimos que nuestros aliados y amigos a lo largo de los Estados Unidos se unan a nosotros para insistir que las políticas y principios antes mencionados sirvan como bases para que los Estados Unidos responda a la actual crisis de refugiados, y que estos sean incorporados a futuras asignaciones o reformas de políticas de inmigración.
Organizaciones firmantes:
American Civil Liberties Union of Arizona
American Friends Service Committee of Arizona
Arizona–Sonora Border Coalition
Border Action Network
BorderLinks
Casa Mariposa
Coalición de Derechos Humanos
Colibrí Center for Human Rights
End Streamline Coalition
Florence Immigrant and Refugee Rights Coalition
Frontera de Cristo, Douglas–Agua Prieta
Green Valley–Sahuarita Samaritans and Good Shepherd United Church of Christ
Humanitarian Border Solutions, Bisbee–Naco
Kino Border Initiative, Nogales
No More Deaths
Southside Worker Center
Tucson Samaritans
Foto: Rex Koningsor.